SAN DIEGO.- El condado de San Diego se convirtió en el primero en la región fronteriza, en lanzar un programa de Defensa Legal de Inmigrantes arrestado en los Centros de Detención, lo que constituye un hecho histórico.

Y es que hasta ahora las personas que son arrestadas por agentes de la Patrulla Fronteriza o el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, nunca habían tenido el beneficio de disponer de un abogado gratuito que se encargara de su defensa.

Vale destacar que fue la supervisora Terra Lawson-Remer quien el 21 de mayo del año pasado presentó la propuesta, la cual fue aprobada -entonces- por lo miembros de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego.

De hecho, el histórico ordenamiento legal permite ahora convierte a San Diego en el primer condado fronterizo de la nación en ofrecer representación legal gratuita para inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación.

El abogado Michaele García y la supervisora Terra Lawson-Remer respondieron a las preguntas de los reporteros. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.

“Nuestro sistema de justicia debe basarse en los hechos y la ley, sin acceso a la riqueza y los recursos. Todos en esta nación, sean ciudadanos o no, tienen derecho establecido en virtud de nuestra constitución a ser representados por un consejo legal”, afirmó la supervisora Lawson-Remer.

Este programa de defensa legal ya se encuentra vigente y forma parte de ‘un plan piloto’ o de prueba por un año y de acuerdo con la supervisora por el distrito 3 del condado de San Diego, “el programa está cambiando vidas, y ayudando a los inmigrantes (de la región San Diego) a contar con un Defensor (a) ante la Corte de Inmigración.

“Yo no sé que habría hecho sin la ayuda de un abogado”, señaló Muna Shegow, durante una conferencia de prensa realizada en el alza este del edificio de la administración del Condado de San Diego.

La muchacha es una refugiada quien huyó de Somalia devastada por la guerra en 1999.

La joven africana dijo al relatar un testimonio personal de su arresto ante los periodistas: Una mañana, oficiales se presentaron en mi casa y me detuvieron a mí y a mi hija de nueve años”.

“Afortunadamente”, continuó Muna, “pude llamar a un abogado que me explicó que me habían enviado un aviso para comparecer ante un juez a la dirección de mi antigua casa, y cuando me presenté, mi hija y yo fuimos liberadas ese mismo día” (ayudado de manera determinante por la defensa legal).

Reconoció asimismo que de no haber sido por este cambio legal promovido por la supervisora Terra Lawson-Remer. “podría haber estado detenida y haber perdido mi trabajo y mi sustento. O peor aún, podría habe sido enviada (junto con su hija) de regreso a Somalia después de que huí para salvar mi vida”.

Un dato preocupante en este sentido, sin embargo, es que 8 de cada 10 personas que encaran un probable proceso de deportación, carecen de representación ante la Corte de Inmigración y se encuentran sujetos a la decisión discrecional de los jueces en la materia.

Por su parte, Michael García, Jefe Defensor Público Adjunto y Director de la Oficina del Consejo Asignado para el Condado de San Diego, presente en la conferencia de prensa, advirtió que si un inmigrante que enfrenta un proceso de inmigración “navega por su propia cuenta el complejo sistema legal de inmigración (de Estados Unidos), (la probable tasa de tener éxito) de una persona para obtener un alivio durante su caso, es solo de un cuatro por ciento”.

Y “por el contrario, cuando está representado por un abogado, la tasa de éxito sube a más del 40 por ciento.El Programa de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes ayudará a cerrar esta disparidad y promoverá los principios de justicia y debido proceso para todos”, consideró el abogado Michael García.

La abogada Dulce García (segunda de izquierda a derecha en la primera fila) destacó que al contar con una abogada (o) que represente a las personas, tienen mayores posibilidades de salir con libertad bajo fianza y que puedan ser representados adecuadamente ante un Juez de Inmigración. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.

La abogada Dulce García, directora de Ángeles de la Frontera, dijo por su parte que este es un primer paso de un programa que ha sido muy necesario durante décadas en esta región fronteriza.

“Por el momento dado a los recursos (disponibles) se está limitando a las personas que se encuentran en el Centro de Detención de Inmigración (localizado en Otay Mesa) y no necesariamente alguien que tiene un historial criminal sino que sido puesto en deportación por no tener documentos o porque están presentando su reclamo de asilo (porque) van entrando (al país) también serían parte de este programa”.

Pero “vamos a seguir luchando para que el programa se amplíe y tengamos representación para todos (los inmigrantes); ahorita dado los escasos recursos que existen, esto es la posibilidad al día de hoy”, insistió.

¿Qué novedad tiene este programa que no había tenido en el pasado?, le preguntamos.

“Es muy importante este programa que estamos celebrando el día de hoy jueves 28 de abril) porque ofrece un representante legal, a una abogada (o) a las personas que se encuentran en un proceso de deportación, entonces ya teniendo una abogada que les represente hay más probabilidades de que esta persona salga bajo fianza y que se pueda representar adecuadamente delante de un juez”.

“Sin este recurso la persona se enfrenta a un juez sin tener conocimiento de las leyes ni el proceso”, enfatizó en su respuesta la entrevistada.

Norma Chavez, directora de ACLU para los condados de San Diego e Imperial, consideró que lo importante es que el programa se mantenga.

Por su lado Norma Chávez, directora de ACLU para los condados de San Diego e Imperial anticipó que los beneficios de este programa deben aprovecharse por los inmigrantes y sus familias para que continúe una vez que se haya cumplido con el periodo de prueba o ‘piloto’ de un año.

Coincidió con Dulce García que este programa es ahora “para empezar” para los inmigrantes que se encuentran en los Centros de Detención, recordó que en Estados Unidos “tenemos dos sistemas legales: El sistema criminal y el sistema civil y (respecto al primero) Chávez destacó queel derecho al debido proceso es principio fundamentalen el sistema legal y eso existe”.

“Pero en el sistema de inmigración”, continuó la directora de ACLU, “lo malo es que no hay ninguna representación (porque) el gobierno no está requerido a proveer (representación legal) en este contexto de inmigración”.

“Entonces este programa”, puntualizó, “que es un programa piloto aquí en el condado de San Diego” (en el que la junta directiva del Condado) “dijeron vamos a hacer lo que podamos; vamos a invertir $5 millones de dólares) para iniciar este programa piloto asegurar que las personas que estén detenidas por inmigración aquí en Otay tengan acceso a un abogado que pueda pelear por ellos porque están todos los datos y es muy difícil que una persona se represente sola ante un juez de inmigración”

“Básicamente”, afirmó, “si tienen a un ser querido o a un conocido que esté ahorita en proceso de deportación en el Centro de Detención de Otay Mesa, por favor llamen al teléfono del defensor jurídico para que les asignen un abogado, pero esto va a significar, ahora, que no importa que no tenga dinero para pagar un abogado y contará con la representación ”, había dicho poco antes en respuesta a la pregunta de un reportero sobre qué recomendaría a la comunidad afectada.

Vale hacer mención que la Oficina del Consejo Asignado del Condado de San Diego dio a conocer tres líneas telefónicas a las que las personas que requieren de una defensa legal en favor del derecho de un inmigrante son los siguientes:

ABA Immigration Justice Project: (619) 736-3315

(con horario de operación de las 10 a.m. a las 4 p.m);

Southern California Immigration Project: (610) 516-8119 (con horas de operación de 10 a.m. a 3 p.m.);

Y Jewish Family Service: (858) 637—3365. (Con mensajes de voz (Vozmails) regresados en el orden de que sean recibidos.