Un caso de presunta represalia laboral contra una exdirectora escolar que denunció lo que consideraba irregularidades administrativas y riesgos de seguridad derivó en una demanda presentada por el despacho legal Gomez Trial Attorneys contra el Dehesa School District, en El Cajon.
La acción judicial se centra en la situación de Natasha Bartley, quien, según la demanda, habría enfrentado sanciones laborales tras reportar prácticas que consideraba ilegales en el control de asistencia y posibles fallas en protocolos de seguridad dentro de la Dehesa Charter School.
El abogado John Gomez, quien dirige el equipo legal, señaló que el caso busca reforzar la protección de los denunciantes dentro del sistema educativo. Gómez ha sido descrito por su firma como un litigante galardonado que conformó un equipo especializado en defensa de víctimas e injurias civiles. De acuerdo con la información corporativa del despacho, el jurista y sus asociados se formaron en algunas de las escuelas de derecho más prestigiosas de Estados Unidos, combinando alto desempeño académico con experiencia práctica en litigación, un perfil que la firma sostiene aplicar en cada representación legal.
“Sean muy claros sobre de qué trata este caso. Natasha Bartley eligió a los estudiantes por encima de su propia protección. Nuestros niños merecen eso. Ella eligió la ley por encima de la lealtad hacia administradores que la estaban violando, y por esto, este distrito escolar destruyó su carrera”, declaró Gómez durante la conferencia de prensa, al sostener que el sistema educativo no debe castigar a quienes reportan riesgos potenciales para la comunidad estudiantil.
El litigante agregó que, de confirmarse las acusaciones, el caso podría relacionarse con las protecciones legales para denunciantes establecidas en California. “Cuando una directora escolar denuncia una condición insegura en la escuela —sin planes de emergencia, sin primeros auxilios, entrenadores que no saben RCP— y es castigada por ello, todos perdemos”, afirmó, al advertir que las represalias laborales pueden generar un efecto inhibidor entre docentes y empleados públicos.
La firma sostuvo que la legislación estatal protege a los trabajadores que reportan condiciones inseguras o presuntas irregularidades administrativas. “El mensaje que esto envía a cada maestro, cada administrador y cada empleado público es inquietante: guarda silencio o tu carrera se acabó”, indicó el abogado, quien añadió que la demanda busca enviar un mensaje de protección a los denunciantes.
Según la versión del despacho, la exdirectora habría sufrido consecuencias laborales después de señalar posibles deficiencias en planes de emergencia escolar, disponibilidad de botiquines de primeros auxilios y capacitación en reanimación cardiopulmonar para personal deportivo.