SAN DIEGO.- La disputa por el uso de instalaciones públicas para el entrenamiento de agentes federales de inmigración escaló entre la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y la sheriff Kelly Martinez: mientras la Junta aprobó por 3-2 terminar los acuerdos que permitían a ICE y CBP utilizar instalaciones del condado, Martinez anunció que ICE dejará de tener acceso, pero CBP continuará utilizando el centro regional de entrenamiento de armas de fuego de Otay Mesa.
La diferencia no es menor. La Junta votó el martes 18 para poner fin a los acuerdos con las dos agencias federales; apenas unas horas después la sheriff estableció una excepción para CBP y defendió públicamente que la agencia permanezca en las instalaciones.
La decisión de Martinez convierte la aplicación de esa votación en el nuevo centro de la controversia. Su comunicado distingue entre ICE y CBP y sostiene que la sheriff tiene razones para mantener el acceso de CBP, mientras que la decisión de la Junta había incluido a ambas agencias.
Martinez explicó que escuchó durante meses las preocupaciones de integrantes de la comunidad relacionadas con ICE y que, en consecuencia, decidió no continuar permitiendo que esa agencia utilice las instalaciones. Para CBP, en cambio, planteó una consideración diferente, relacionada con sus funciones en la frontera y los puertos de entrada.
El anuncio provocó reacciones encontradas en las redes sociales, algunas de las cuales reflejan directamente la confrontación entre la decisión de los supervisores y la determinación de la sheriff.
Usuarios como Tim Bollig respaldaron a Martinez precisamente por haber mantenido el acceso de CBP. Tras señalar que entendía que la Junta había votado cancelar los contratos, escribió: “Si entiendo toda la cadena de estas publicaciones, la Junta de Supervisores del condado votó cancelar los contratos; sin embargo, la sheriff decidió que esto no es lo mejor para la comunidad. Ella ha declarado que continuarán teniendo acceso a las instalaciones regionales de entrenamiento en Otay Mesa”.
Bollig añadió: “Si esto es correcto, apoyo completamente, al 100%, esa decisión, porque no es lo mejor para la comunidad”. También sostuvo que las instalaciones fueron construidas mediante la participación del Departamento del Sheriff, la Fiscalía y el FBI y que desde el inicio fueron operadas por la oficina del sheriff.
Su comentario refleja uno de los argumentos centrales de quienes respaldan a Martinez: la decisión de la sheriff responde a necesidades operativas y de seguridad que consideran distintas de la decisión política adoptada por la Junta.
En el otro extremo, opiniones como la de William Francis dirigen su crítica directamente a Martinez: “Una decisión terrible, Kelly. No es la primera y estoy seguro de que tampoco será la última”.
Sharan Gibson respaldó la salida de ICE y agradeció a quienes participaron en la oposición a que esa agencia utilizara las instalaciones: “Excelente. Gracias a todos los que alzaron la voz contra el uso de las instalaciones por parte de ICE”.
Abe Zee interpretó la decisión como una medida de protección para los residentes y escribió: “Una buena manera de proteger a los ciudadanos: cortar el entrenamiento de los agentes que están causando el daño… Siempre es una buena idea”.
Otros usuarios respaldaron la permanencia de CBP, pero cuestionaron que la agencia dependa de instalaciones locales para entrenar a sus agentes. Wendy Anne escribió: “Si leen el comunicado completo, la decisión en realidad es bastante razonable. Aun así, me pregunto por qué CBP normalmente no sería responsable de desarrollar sus propias instalaciones de entrenamiento. Está bien financiada y se encuentra en una frontera crítica. ¿Por qué depende del espacio de entrenamiento que se le proporciona?”
La reacción también incluyó una postura de confrontación con el propio condado. Dan Smith escribió: “El gobierno federal debería retener todos los fondos destinados al condado de San Diego”.
Así, las reacciones públicas no se dividen únicamente entre quienes apoyan o rechazan a ICE y CBP. La disputa ya alcanza directamente la relación entre la Junta y la sheriff. Un sector interpreta la decisión de Martinez como una defensa de la seguridad y de la operación fronteriza; otro la considera una contradicción de la voluntad expresada por los supervisores.
El elemento que permanece sin resolver es precisamente el alcance de la decisión de la Junta frente a la determinación de la sheriff. La votación fue 3-2 y comprendió a ICE y CBP; el comunicado de Martinez, en cambio, separó a ambas agencias y mantuvo a CBP, hecho que abre el cuestionamiento sobre que sentido tuvo el gasto de tiempo y recursos de la Junta en su sesión del martes, y quién tiene la última palabra sobre el uso de las instalaciones.
